En Los Cabos, el proceso todavía no concluye: la reciente entrega de la constancia de mayoría a los candidatos de la planilla de ayuntamiento de la Coalición por el Bien de Sudcalifornia, hecha por el Comité Municipal Electoral, no convalida la elección. Las circunstancias para dar la definitividad es la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, pasando antes por el Tribunal Estatal Electoral, es correcto y legal agotar todas las instancias, toda vez que en Los Cabos se dio en contra de la ciudadanía un proceso totalmente viciado por la intervención de entes gubernamentales, y sobre todo el día de la jornada electoral, lo que influyó de manera determinante en el resultado.
Así se expresó Francisco Javier Ramos Lugo, representante de la Alianza Ciudadana por un Nuevo Gobierno, ante el Comité Municipal Electoral de Los Cabos.
“A nuestros conciudadanos cabeños queremos informarles que apenas el día de hoy inicia el término legal de cinco días para proceder a la impugnación de los resultados y vamos a ejercer ese derecho, pues existen suficientes pruebas de hechos y conductas delictivas en las que vamos a fundar nuestro recurso ante los tribunales”.
Destacó que no están inventando motivos para dudar de los resultados; “el mismo Instituto Estatal Electoral publicó en los diarios del estado una inserción pagada firmada por el pleno del consejo general y todos los representantes de partidos políticos y coaliciones acreditados en el que señalan que no asumen la responsabilidad del listado nominal, al que consideran plagado de vicios e inconsistencias”.
El desaseo en el manejo del padrón electoral y el listado nominal fue un factor determinante para que el voto de los electores se viera afectado de manera significativa, ya que ilegalmente se dio de baja a ciudadanos del listado nominal definitivo y hubo listados improvisados en los que el ciudadano es prácticamente irreconocible, entre otros vicios que mermaron el sufragio el día de la elección, abundó.
De igual forma, señaló, se encontraron también violaciones graves a la ley en la integración de las mesas directivas de casilla, así como en su actuación, pues se evidenció una capacitación absolutamente deficiente, misma que generó una cauda de problemas en el momento de votar.
“Tenemos documentados hechos de proselitismo y propaganda indebida el día de la jornada, así como múltiples incidentes que se dieron en contra de la emisión libre del voto, lo que ocasionó que muchos simpatizantes de la alianza Ciudadana Por un Nuevo Gobierno no acudieran a las urnas, pues fueron víctimas de intimidaciones y agresiones de grupos violentos –donde todo parece indicar protegidos por la Policía— que los obligaron a no participar”.
Así como, dijo, la intervención directa y vergonzosa de los cuerpos de seguridad pública en contra de nuestros militantes y simpatizantes, fue también un factor determinante para que los ciudadanos de Los Cabos vieran coartada su libertad y seguridad para emitir su voto, “donde nuestro grupo de Abogados, se dedicó prácticamente el día de la jornada a liberar de las subcomandancias de policía de todo el territorio municipal a nuestros representantes que de manera arbitraria y prepotente fueron privados de su libertad, a pesar de que la Ley estatal electoral prohíbe la detención de los representantes de partidos el día de la jornada electoral.
De igual manera las responsabilidades de representación partidista, incluso de funcionarios electorales esta plagada de funcionarios públicos municipales, lo cual es una prueba plena de violación de la ley”.
Remarcó que la entrega de las constancias de mayoría no convalida la elección, sino que es un mero trámite que se sigue una vez concluido el cómputo por el órgano electoral y que no tiene impacto en la inconformidad que haremos valer, pues por ley nuestros derechos se encuentran a salvo.
“El proceso aún no termina, y serán los tribunales electorales Estatal y Federal los que en su caso tengan la última palabra para calificar la elección de Estado que desgraciadamente vivimos el 3 de febrero. Los ciudadanos cabeños deben saber que nuestros candidatos aún están en la contienda y harán valer su derecho hasta las últimas consecuencias”, concluyó Ramos Lugo.
Así se expresó Francisco Javier Ramos Lugo, representante de la Alianza Ciudadana por un Nuevo Gobierno, ante el Comité Municipal Electoral de Los Cabos.
“A nuestros conciudadanos cabeños queremos informarles que apenas el día de hoy inicia el término legal de cinco días para proceder a la impugnación de los resultados y vamos a ejercer ese derecho, pues existen suficientes pruebas de hechos y conductas delictivas en las que vamos a fundar nuestro recurso ante los tribunales”.
Destacó que no están inventando motivos para dudar de los resultados; “el mismo Instituto Estatal Electoral publicó en los diarios del estado una inserción pagada firmada por el pleno del consejo general y todos los representantes de partidos políticos y coaliciones acreditados en el que señalan que no asumen la responsabilidad del listado nominal, al que consideran plagado de vicios e inconsistencias”.
El desaseo en el manejo del padrón electoral y el listado nominal fue un factor determinante para que el voto de los electores se viera afectado de manera significativa, ya que ilegalmente se dio de baja a ciudadanos del listado nominal definitivo y hubo listados improvisados en los que el ciudadano es prácticamente irreconocible, entre otros vicios que mermaron el sufragio el día de la elección, abundó.
De igual forma, señaló, se encontraron también violaciones graves a la ley en la integración de las mesas directivas de casilla, así como en su actuación, pues se evidenció una capacitación absolutamente deficiente, misma que generó una cauda de problemas en el momento de votar.
“Tenemos documentados hechos de proselitismo y propaganda indebida el día de la jornada, así como múltiples incidentes que se dieron en contra de la emisión libre del voto, lo que ocasionó que muchos simpatizantes de la alianza Ciudadana Por un Nuevo Gobierno no acudieran a las urnas, pues fueron víctimas de intimidaciones y agresiones de grupos violentos –donde todo parece indicar protegidos por la Policía— que los obligaron a no participar”.
Así como, dijo, la intervención directa y vergonzosa de los cuerpos de seguridad pública en contra de nuestros militantes y simpatizantes, fue también un factor determinante para que los ciudadanos de Los Cabos vieran coartada su libertad y seguridad para emitir su voto, “donde nuestro grupo de Abogados, se dedicó prácticamente el día de la jornada a liberar de las subcomandancias de policía de todo el territorio municipal a nuestros representantes que de manera arbitraria y prepotente fueron privados de su libertad, a pesar de que la Ley estatal electoral prohíbe la detención de los representantes de partidos el día de la jornada electoral.
De igual manera las responsabilidades de representación partidista, incluso de funcionarios electorales esta plagada de funcionarios públicos municipales, lo cual es una prueba plena de violación de la ley”.
Remarcó que la entrega de las constancias de mayoría no convalida la elección, sino que es un mero trámite que se sigue una vez concluido el cómputo por el órgano electoral y que no tiene impacto en la inconformidad que haremos valer, pues por ley nuestros derechos se encuentran a salvo.
“El proceso aún no termina, y serán los tribunales electorales Estatal y Federal los que en su caso tengan la última palabra para calificar la elección de Estado que desgraciadamente vivimos el 3 de febrero. Los ciudadanos cabeños deben saber que nuestros candidatos aún están en la contienda y harán valer su derecho hasta las últimas consecuencias”, concluyó Ramos Lugo.
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