Ante la impugnación del computo municipal y de la declaración de validez y entrega de la constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos, celebrada el pasado domingo 3 de febrero, que como Juicio de Inconformidad presentó la Alianza Ciudadana por un Nuevo Gobierno, ante el Comité Municipal electoral de Los Cabos, su representante, Francisco Javier Ramos Lugo, declaró que en respuesta a la petición hecha por oficio de fecha 11 de Febrero del 2008, donde se solicita a la Administración Municipal de Los Cabos que señale el cargo de los funcionarios públicos que se enlistan en un total de 34 personas que participaron en la jornada electoral pasada como representantes generales y representantes de casillas de la Coalición Por el Bien de Sudcalifornia y en oficio entregado en fecha 20 de febrero del año en curso en el cual la Sindica Municipal Martha Margarita Díaz Jiménez, acepta que 7 funcionarios aparecen como tales en el organigrama de gobierno municipal.
No señalando a las más de 27 personas que fueron señaladas por la Alianza Ciudadana Por un Nuevo Gobierno de participar en el pasado proceso electoral como Representantes de casillas por el PRD/PT y Convergencia y como Representantes Generales de la misma Coalición.
"De acuerdo al principio de certeza, que indica que la expresión de la voluntad de los electores debe estar libre de cualquier vicio o presión, de tal manera que cuando se acredite que esta voluntad de alguna manera estuvo viciada y que esta situación resultó determinante para el resultado de la votación, debe anularse la votación recibida en esa casilla, lo que se pretende probar es que hubo presión para el electorado por parte del funcionario o autoridad de mando superior", enfatizó Ramos Lugo.
Agregó que "de conformidad a lo establecido por el criterio anteriormente citado, es cierto el hecho de que los funcionarios públicos que actuaron el día de la jornada electoral como representantes generales y de casilla de la Coalición "Por el bien de Sudcalifornia" ostentan un poder material y jurídico frente a los ciudadanos del Municipio de los Cabos, de conformidad a los cargos públicos que desempeñan y las facultades de estos cargos de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Baja California Sur, circunstancia que genera la incompatibilidad de fungir como representante general o de casilla de un partido político".
Aunado a lo anterior y para robustecer tal acontecimiento en el Juicio de Inconformidad se anexaron escritos de incidentes, notas periodísticas, actas de incidentes y nombramientos de representantes, que acreditan la actitud totalmente activa de estos funcionarios públicos como representantes de casilla y generales en la coacción e inducción al voto al electorado a favor del candidato René Núñez, como se comprueba que los funcionarios: Brenda Yaneth Carrillo, directora Municipal de Asentamientos Humanos y Vivienda; Jorge Castañeda Ibáñez, director municipal de Comunicación Social; Ramón Castro Ojeda, director Municipal de Recursos Humanos; José Luís Cortes González, director General de Desarrollo Urbano y Ecología; Raúl Rodríguez Quintana, director Municipal de Ecología; Karla Villalobos Wilkes, responsable de Asuntos Internos Municipales; Héctor David Gavarain Ceseña, coordinador de Costos de OOMSAPAS, quienes fueron los que la Sindica Municipal ratificó como funcionarios Municipales en activo, quedando pendiente de responder por las otras 27 personas señaladas por la Alianza Ciudadana por un Nuevo Gobierno como funcionarios Públicos Municipales.
De esta manera se pretenda comprobar con claridad el hecho de que los funcionarios públicos son incompatibles con los cargos de representación que ejercieron el pasado 3 de febrero durante la jornada electoral (casilla por casilla), asimismo, se acreditó en el juicio de Inconformidad como se llego a tales extremos y finalmente, como impactó esta irregularidad en la votación a favor de los candidatos de la Coalición por el Bien de Sudcalifornia (PRD/PT y Convergencia).
Para concluir Francisco Javier Ramos Lugo hizo hincapié en el convenio donde el Ejecutivo Estatal y los 5 Presidentes Municipales se comprometen ante el Instituto Estatal Electoral, a no intervenir de manera directa en los pasados comicios del 3 de febrero, "sobre todo donde aplica que no influirán ante el electorado con la difusión de la obra publica (señalamiento que se acredita documentado con fotografías y videos que fue flagrantemente violado) y la participación directa de funcionarios Estatales y Municipales en el proceso Electoral, situación que quedo claramente señalada y comprobada a lo largo de todo el Estado pero mayormente en el Municipio de Los Cabos".
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